Los partidos expresaron preocupación por materia que iría más allá de lo que establece la OIT y que se diferencia de otro artículo.
Sectores de izquierda, en medio del debate por las facultades de la comisión de Armonización para resolver posibles contradicciones en materias de fondo del borrador de la nueva Constitución, advirtieron internamente la necesidad de resolver una eventual «incoherencia» en normas aprobadas por el pleno que aluden a la consulta indígena y que podría tensionar nuevamente las relaciones en la Convención con los escaños reservados.
Se trata del conflicto en el que habría dos enmiendas ya visadas: la que señala que «los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que les afectasen» (propuesto en la comisión de Derechos Fundamentales), y otra que establece que «los pueblos indígenas entreguen su consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución» (de la comisión de Forma de Estado).
Esta último, para expertos, iría más allá del compromiso que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008.
Esta propuesta -cuestionada por la derecha, sector que acusó que se le otorgaba así un «poder de veto» a los pueblos indígenas-, también levantó cierta inquietud en sectores de izquierda y centroizquierda, que evalúan eliminar la alusión al consentimiento ante las implicancias que podría tener en una nueva Carta Magna.
De hecho, la convencional del PC, Bárbara Sepúlveda, reconoció que allí se daría una «inconsistencia».
«Hay dos estándares aprobados. Por un lado, el de la consulta del convenio 169, que es el estándar vigente, y un estándar un poco mayor que es el del consentimiento previo e informado», explicó
A la vez, Sepúlveda reveló que «como ese estándar no pertenece al ordenamiento jurídico vigente en Chile, hemos propuesto que quede el de la consulta indígena. Hay que tomar una decisión, si quedaran ambos estándares, la inconsistencia permanecería y la comisión de Armonización no habría logrado uno de sus objetivos».
El planteo fue compartido -incluso- por el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez (INN).
«Debe zanjarse el uno o el otro. A mi juicio es una inconsistencia que se refieran a consulta y a consentimiento por otra parte», advirtió, aunque aclaró que «no hay una postura definida como INN».
Esos grupos reconocieron diálogos entre colectivos de izquierda para buscar una salida. Eso sí, desde el PS transmiten que es una materia que recién están «analizando, a falta de una postura común».
Asimismo, varios dieron por hecho que los grupos independientes de izquierda y los escaños se opondrán.
En tal sentido, Rosa Catrileo (mapuche) manifestó que el texto «no da cuenta de ninguna inconsistencia o alguna contradicción».
«Lo que busca la norma de consentimiento es dar una real participación en la toma de decisión a las comunidades, cosa que hasta ahora no había ocurrido y que la consulta era un mero procedimiento con el que cumplir», añadió.
Mientras, Luis Jiménez (aimara) hizo una diferencia entre los artículos, «subrayando que el que habla de consentimiento refiere a un mecanismo de participación en el contexto de las decisiones que pueden adoptar las entidades territoriales».
En esa misma línea, Francisca Arauna (Pueblo Constituyente) aseguró: «El consentimiento eventualmente solo podría ser vinculante a algunas materias, el foco se va a concentrar en propiedad indígena y el tema de las aguas», remarcó.
Las dudas en algunos sectores también están en cuanto a si desde Vamos por Chile estarán dispuestos a sumarse para resolver esta posible incoherencia.
Desde ese bloque el convencional Rodrigo Álvarez (UDI) afirmó: «Se trata de un debate relevante, en el que se tendrá que escuchar con atención los argumentos. Este es un tema que debe analizarse por la Convención, es uno de los artículos más complejos».
No obstante, para su par de Evópoli y vicepresidente adjunto del órgano, Hernán Larraín, «el reglamento es claro en señalar que Armonización debe corregir cuestiones de coherencia formal, y ahí es donde el pleno ya manifestó positivamente una postura. Me parece que el pleno no puede volver a debatir y votar esa materia, con ese criterio todo podría volver a debatirse».
